Una denuncia ante Inspección de Trabajo ha obrado el milagro, aunque tarde. Desde lo más duro de la pandemia, un módulo independiente de la Residencia «Siglo XXI», de propiedad privada pero intervenida por la Junta de Comunidades, fue destinado a agrupar a los ancianos de las residencia de la provincia positivos por COVID-19. El personal que lo atendía no era sanitario, sino funcionarios de la Consejería de Educación, provenientes de diferentes puntos. Profesionales que, además, aún no han cobrado la retribución correspondiente a la turnicidad y por días festivos durante ese período.
Ahora, UGT anuncia que ha conseguido que se tomen las medidas de prevención necesarias para garantizar la salud de los profesionales y el control de la pandemia en ese lugar, que podría ser necesario en caso de rebrotes.
Las trabajadoras en adscripción temporal a este centro, que como queda dicho dependían de la Consejería de Educación, se quejaron desde un primer momento de las condiciones de trabajo, según pudo confirmar LA CRÓNICA a los responsables del centro. Las reclamaciones a uno de los responsables del SESCAM en la provincia no surtieron ningún efecto.
Las medidas a tomar ahora, o en futuros rebrotes en los que se use este centro, abarcan el «suministro adecuado y suficiente de ropa al personal (uniformes, gafas de protección, batas impermeables, gorros); la limpieza y desinfección después de su uso y la limpieza de enseres y vajilla de los pacientes, entre otras cuestiones. En esta materia, según destaca el sindicato denunciante «se han producido graves deficiencias durante el ingreso de pacientes contagiados en el centro».