La ministra de Igualdad, Irene Montero.
La ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes 3 de marzo, a propuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el anteproyecto de la Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales.

Una vez dado este primer refrendo, el Gobierno remitirá el texto a los órganos consultivos para su evaluación. Posteriormente, la norma deberá volver a ser aprobada como proyecto de Ley por el Consejo de Ministros y será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.

Aunque la ministra Montero desgranó recientemente en el Congreso otros aspectos de la norma, el más llamativo es la reforma del Código Penal para poner el foco en la falta de consentimiento, en vez de en la existencia de violencia o intimidación (para que solo sí sea sí). Sin embargo, todavía no se han dado detalles acerca de cómo va a plantear esta modificación legal.

LARGO RECORRIDO Y DISCREPANCIAS EN EL GOBIERNO
Esta reforma llega finalmente la semana del 8 de Marzo, tal y como pretendía la ministra de Igualdad, no sin antes tener que solventarse ciertas discrepancias dentro del Gobierno, posteriormente minimizadas. Las diferencias en el Ejecutivo se produjeron por la tardanza del ministro de Justicia, José Campo, en dar su ‘ok’ al proyecto, según fuentes de la negociación consultadas por Europa Press para LA CRÓNICA.

En todo caso, la reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales lleva un largo recorrido ya que comenzó su andadura tras la polémica sentencia a ‘La Manada’ de Pamplona.

El entonces ministro de Justicia con Rajoy, Rafael Catalá, convocó a la Comisión de Codificación para estudiar una reforma del Código Penal que retomaría tras la moción de censura la siguiente ministra de Justicia, Dolores Delgado. Su departamento preparó una propuesta de reforma que planteaba la eliminación del término abuso sexual para considerarlo todos agresiones sexuales al no existir consentimiento, mientras que la violación se establecía para los casos en los que exista penetración sin consentimiento. El texto tampoco pudo ver la luz al convocarse elecciones.

Ahora, la iniciativa de la reforma ha pasado a Unidas Podemos y, dentro del Gobierno de coalición, al Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza. Los morados habían registrado en el Congreso en la pasada legislatura una proposición de Ley de Violencias Sexuales, que también queda reflejada en el nuevo texto.

PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR
Según explicó Montero en comparecencia en el Congreso, el objetivo de la futura Ley “es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las violencias sexuales así como proteger y reparar las víctimas de las mismas, tanto en el ámbito público como en el privado”. Así, recordó que el 13,7% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida.

Otro de los objetivos de la norma para Igualdad es “prestar asistencia a las víctimas”, lo que supondrá la implantación de “una red de servicios de información y asistencia integral especializada en base a estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad”. Según precisó la ministra, esto incluirá centros de crisis 24 horas, “cuya implantación progresiva será esencial para la recuperación de las víctimas”.

La propuesta de Igualdad en el marco de esta Ley también establece la creación de un sistema de recogida de datos basados en estudios de prevalencia y datos procedentes de los recursos de atención a las mujeres.

Además, “una de las prioridades” de esta Ley de Libertad Sexual, según Montero, “será proteger a las víctimas de explotación sexual. Aunque la ministra se declaró “abolicionista” de la prostitución, matizó que las posiciones en torno a este asunto son diversas en el seno del movimiento feminista, por lo que no es previsible que el texto se incline por la postura abolicionista.

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