Desde la profusión de las vetustas tragaperras en los bares hace décadas hemos pasado, en apenas unos años, a la enorme facilidad para las apuestas en Internet. Tanto es así, que se ha convertido en un campo abonado para las adicciones más incontrolables, a veces con lamentables consecuencias individuales y familiares.
Cuando se pierde el control, la alternativa es que sean otros los que te controlen. Es para lo que sirve el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), un organismo estatal que sirve para impedir el acceso a las plataformas de juego online de aquellos que así lo solicitan. Y no son pocos… aunque podrían ser muchos más.
En el año recién terminado, eran 343 los residentes en la provincia de Guadalajara que estaban activos en ese registro, para de un modo tan contundente dejar de dilapidar su dinero en los casinos virtuales. El incremento sobre 2019 ha sido del 19 por ciento, cuando en ese mismo registro los guadalajareños eran 288, es decir 55 personas menos.
Registro nacional, registros autonómicos…
Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las comunidades autónomas.
Si sales de tu región… puertas abiertas
El total de autoexcluidos del juego online en España por este procedimiento es de 6.042 personas, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Consumo. Con 13.811 personas excluidas del juego, Andalucía supone el 24,52% de todo el país, seguido por la Comunidad de Madrid (17,03%) y Aragón (9,32%).
El RGIAJ, a día de hoy, sólo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal y no existe una conexión –a excepción de Castilla-La Mancha– con los registros de las comunidades autónomas sobre el juego presencial.
En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no puede acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida.
De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra.
El objetivo del Ministerio de Consumo es que la inscripción se extienda a todos los registros como forma de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan. Es probable que en el primer trimestre del año se consigan avances en este sentido.