Cuatro años han pasado desde el incendio, presumiblemente provocado, de la planta de residuos de Chiloeches. Es ahora cuando se empiezan a retirar las 8.000 toneladas de productos tóxicos que han permanecido allí, a la intemperie y con riesgo de escorrentías. Y además de tiempo, limpiar la zona cuesta mucho dinero: exactamente, 1.300.000 euros.
La Justicia tampoco ha sido particularmente rápida tampoco. Hace aproximadamente un mes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados –18 personas físicas y tres jurídicas–, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.
En el documento técnico para el tratamiento de los 8 millones de kilos de residuos que aún permanecen allí, a través de un centenar de páginas se detalla la actuación sobre una superficie de 30.400 metros cuadrados de terreno. En los trabajos, que se han iniciado en días pasados, se pretende retirar 5.533 metros cúbicos de residuos, catalogables como peligrosos en un 80 por ciento. El repertorio es grande: plásticos, neumáticos, residuos de demoliciones, aislamientos térmicos… pero también 103 metros cúbicos de amianto (fundamentalmente, tuberías) y otros 366 metros cúbicos de acopio de inertes procedentes del derribo del edificio, lo que hace un total de algo más de 6.000 metros cúbicos de residuos.
Hay trabajo para siete meses
Según confirma el delegado de Desarrollo Sostenible, José Luis Tenorio, la previsión de la empresa, en base al documento presentado a la Junta de Castilla-La Mancha, es que todo esté retirado y derivado a las plantas de tratamiento para la primavera de 2021. Inicialmente, las tareas iban a arrancar el pasado mes de marzo pero la COVID-19 también retrasó los trabajos, que se iban a concluir para finales de año.
El propio delegado ha declarado que para la realización de estos trabajos la empresa propietaria de la parcela, Altamira Real Estate S.A, ha tenido que elaborar un plan de seguridad y vigilancia; además, desde el Gobierno regional se hará un seguimiento semanal de los trabajos con el fin de que la compañía que los ejecuta, la multinacional danesa Ramboll, los realice de acuerdo al cronograma previsto. «Era una prioridad de la Consejería acometer la retirada de estos residuos y por fin es realidad», ha señalado Tenorio, quien apenas lleva un año al frente de esta responsabilidad.
Fases de los trabajos
Para su ejecución, se han establecido varias fases que pasan por la preparación del emplazamiento, recubrimiento de cúmulos, la segregación y acopio temporal de los residuos, retirada y gestión del amianto, y luego la carga en camiones y el traslado a las plantas de tratamiento que se determinen.
Además, se procederá a la limpieza de la solera de hormigón y de las balsas, de donde también está prevista la extracción de los residuos líquidos y lodos almacenados, previsiblemente con máquinas succionadoras.
El emplazamiento ya está preparado y las medidas de seguridad y salud laboral también; ahora se determinarán las zonas por donde van a ir los accesos, el espacio a descontaminar y se procederá a separar o segregar los elementos y materiales para su posterior traslado, diferenciando tipos de residuos. El delegado ha resumido estas tareas en «separación, recubrimiento y transporte».
Un desastre que aún pudo ser peor
Este incendio, iniciado el 26 de agosto de 2016, provocó emisión de gases tóxicos que si no llegaron hasta Guadalajara fue por los vientos dominantes en esa jornada. Hubo también escorrentías de residuos por la ladera, denunciadas por LA CRÓNICA y negadas en primera instancia por las autoridades.
La planta incendiada llevaba funcionando varios años en situación de ilegalidad y fue precisamente cuando llegó el alcalde actual al Consistorio, José Andrés García, cuando se inició un expediente para verificar la actividad.
Al no recibir respuesta alguna se inició otro expediente para la cancelación de la planta, que desembocó en clausura el 17 de junio de 2016 por actividad clandestina, al no disponer de licencia de apertura o autorización de puesta en funcionamiento.