Como informaba detalladamente el diario El País en su edición de este sábado, en un artículo firmado por Manuel Planelles, la autonomía municipal tendrá poco que decir ni decidir a partir de ahora en la gestión de los residuos radiactivos. Más bien, nada.
La conclusión llega tras el análisis de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Con ella, se impedirá que los ayuntamientos dificulten la construcción o ampliación de los almacenes de residuos radiactivos dentro de sus términos municipales. Como señala el rotativo madrileño, «los alcaldes tampoco podrán vetar las obras de desmantelamiento de las centrales nucleares» que irán cerrando progresivamente, hasta desaparecer completamente en España en 2035, con la clausura de la de Trillo.
Decisión de PSOE y Podemos
Esta radical limitación de la autonomía municipal ha llegado en la tramitación parlamentaria de la Ley, mediante una disposición incluida por el PSOE y Unidas Podemos. Todas esas intervenciones se considerarán «obras públicas de interés general», con lo que evita el control municipal.
Considerar la construcción o ampliación de los almacenes radiactivos como obras de interés general modifica la Ley de Energía Nuclear de 1964.
En España, los residuos de media y baja intensidad se supone que seguirán yendo a El Cabril, en la provincia de Córdoba. Queda pendiente lo más complicado: qué hacer con los de alta intensidad, que permanecen desde hace años apilados sobre el suelo del exterior de las instalaciones nucleares, en recipientes especiales.
Esos contenedores constituyen en sí mismos lo que se denomina ATI (Almacenes Temporales Individualizados), a la espera de que algún día se construya el ATC (Almacén Temporal Centralizado) que acabe con una polémica política y territorial de décadas. El último intento, fallido, fue en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca.
Lo que ya sabemos es que las obras obras no deberán contar con licencia municipal. Ni podrá el ayuntamiento afectado oponerse a ellas. Lo han decidido así el PSOE y Podemos.