Andrés Gómez Gordo y Cospedal, el día de la toma de posesión del primero como director general.
Andrés Gómez Gordo y Cospedal, el día de la toma de posesión del primero como director general.

La penúltima polémica judicial en la que se ve inmerso el PP nacional tiene su derivación en Castilla-La Mancha. Y, además, potencialmente relevante. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo regional “no descarta ninguna medida” tras conocer que quien fuera director general de Planificación de la Junta de Comunidades durante el mandato de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, pudo haber formado parte del supuesto “operativo parapolicial” para sustraer información sensible del PP investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Kitchen.

Andrés Gómez Gordo, policía de profesión, era inspector cuando pasó a trabajar para la Comunidad de Madrid, donde llegó a la Consejería de Justicia con Francisco Granados. Más relevante fue su aparición en Toledo, nombrado director de Análisis y Documentación de Castilla-La Mancha, cuando la Junta de Comunidades estaba presidida por María Dolores de Cospedal. Sería en ese período cuando habría captado al chófer de Luis Bárcenas para que espiase a su jefe y abortar, así, la revelación de secretos del partido.

Después de su experiencia en Castilla-La Mancha se reincorporó. Ascendió pronto a inspector jefe, con puesto en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino, otro de los investigados ahora. También fue adscrito a vigilancias en la UDEF. Como comisario, fue destinado a Alicante.

El Gobierno de Page, atento

En rueda de prensa convocada este jueves, Blanca Fernández ha resaltado que el Gobierno regional no descarta ninguna medida “para preservar los intereses de la región”. “Estaremos atentos a iniciativas que quieran sustanciar los grupos políticos en la Cortes regionales porque este es un asunto que afecta directamente a la Presidencia de Castilla-La Mancha entre los años 2011 y 2015 y habrá que vigilar si las acciones de Gómez Gordo o Cospedal pudieron suponer una merma en las arcas de la Junta de Comunidades”, ha dicho.

Fernández ha referido que, según consta en el sumario, Gómez Gordo formó parte de un operativo parapolicial “vergonzante” montado para hacer desaparecer las pruebas de financiación irregular del PP.

Así, la portavoz ha relatado que Gómez Gordo, según revela el sumario, fue el encargado de captar la voluntad al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, e incluso le entregó dinero perteneciente a los fondos reservados del Estado con el fin de sustraer la documentación que se hallaba en poder de Bárcenas.

A la representante del Gobierno regional le parece “vergonzante” que un alto cargo de Castilla-La Mancha “se dedique a estas cosas” y se ha preguntado si además de entregar fondos reservados al chófer de Barcenas pudo dedicarse a tareas similares durante su paso por el Gobierno regional como persona de confianza de Cospedal.

Blanca Fernández, en su comparecencia de este jueves.
Blanca Fernández, en su comparecencia de este jueves.

El rastro del caso “Cuadrifolio”

En este punto Fernández ha recordado que durante el mandato de Cospedal “se montaron 50 querellas contra cargos socialistas y multitud de alcaldes que se vieron en los juzgados por procedimientos que en su mayoría resultaron archivados”. Consecuentemente se ha planteado si Gómez Gordo se dedicaba “en exclusiva” a estos montajes de “querellas falsas” en la región, o a elaborar “informes falsos” que se publicaban en medios de comunicación nacionales, como fue el caso ‘Cuadrifolio’.

“Mientras Gómez Gordo, según el fiscal, era el enlace entre Villarejo y Cospedal, en Castilla-La Mancha se producían los mayores recortes de la historia en residencias de mayores, se despedía a 3.000 profesionales sanitarios, a 22.000 profesionales de servicios sociales y a 5.000 docentes, se cerraban escuelas rurales, se eliminaban becas de comedor y se dejó a la Universidad regional en los huesos”, ha subrayado Fernández, quien ha lamentado que la nómina de este alto cargo fuera “pagada por todos los castellanomanchegos mientras se dedicaba al montaje de querellas falsas”. “Es deleznable”, ha remachado la portavoz del Gobierno de García-Page.

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